México es un país deficitario en granos y oleaginosas. En el ámbito específico de las oleaginosas, las necesidades son de 7.3 millones de toneladas, de las cuales prácticamente solo un 5 por ciento corresponde a la producción nacional y el otro 95 por ciento proviene del extranjero.
En lugar de comprar afuera desplazando a nuestros productores nacionales, deberíamos darles incentivos y oportunidades de crecimiento y abastecimiento a nuestras y nuestros campesinos. En el 2022, México importó una cifra récord de granos básicos y oleaginosas, por los que se pagaron 17 mil 700 millones de dólares, es decir, más de 350 mil millones de pesos. Esta cifra equivalente a cinco veces el presupuesto total de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal para el año 2023.
La demanda existe y eso abre una extraordinaria área de oportunidad para los productores mexicanos. Porque en el país hay más de 30 mil productores en 27 estados y 354 municipios. Alrededor del 25 por ciento de ellos en zonas consideradas en zonas de alta marginación. Si ellos fueran beneficiarios de políticas agropecuarias de fomento productivo, para de aumentar la extensión de cultivo y la productividad de las parcelas, los beneficiarios redituarían inmediatamente en la industria aceitera nacional.
México ocupa el décimo cuarto lugar en el mundo como productor de aceites y grasas comestibles. Su uso es fundamental, también, para las industrias de producción de carne de res, cerdo, pollo y huevo, entre otras, a las que se les abastece de pastas, impactando de lleno la canasta básica de las familias mexicanas. Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Campeche, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca son algunos de los estados productores de distintos tipos de oleaginosas que se verían directamente beneficiados. Un reconocimiento en la ley para procurar el abasto y garantizar programas y acciones para el fomento productivo de las oleaginosas sería el primer paso para fortalecer la seguridad alimentaria y abrir el camino para la consolidación de la soberanía alimentaria.
