El modelo agroalimentario predominante en el mundo está agotado, es insostenible, contraproducente –al propiciar un estancamiento en la productividad y caída en la rentabilidad— y no garantiza la seguridad alimentaria, por tanto resulta urgente cambiarlo, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera.
Por lo tanto, afirmó, toda política pública agroalimentaria debe enfocarse obligadamente a combatir tanto la subalimentación –expresada en desnutrición y anemia— como el sobrepeso y la obesidad, resultantes, en el caso de México, de una alimentación en cuyo consumo predominan productos ultraprocesados.
Con base en cifras de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y de la Mundial de la Salud (OMS), así como de otras instancias internacionales, precisó que en América Latina y el Caribe el indicador de inseguridad alimentaria creció nueve puntos porcentuales entre 2019 y 2020, arriba del aumento de 5.4 puntos observado en África.
En México, dijo, 59.1 por ciento de los hogares presenta algún grado de inseguridad alimentaria y 75.1 por ciento de la población nacional tiene sobrepeso u obesidad, situaciones que elevan sustancialmente la vulnerabilidad ante la pandemia de COVID-19.
Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en sobrepeso y obesidad en adultos, y el primero en obesidad infantil, y “parecería que este es un problema urbano, pero no, es también rural; están casi a la par”.
En ese contexto, resaltó el planteamiento central expresado “de lograr autosuficiencia integrando a productores de pequeña y mediana escala, con calidad en la producción y rentabilidad de todos los actores de la cadena”.
Partimos de un principio: El convencimiento de que las pequeñas y medianas unidades de producción (UP) agrícolas pueden alimentar a México, toda vez que representan el 85 por ciento de las UP del país y aportan más del 50 por ciento de la producción nacional de alimentos, con relevancia en cultivos claves para el consumo interno y la exportación, como son el maíz, frijol, café, aguacate, agave y cítricos, entre otros, detalló.
Agregó que la modificación del modelo agroalimentario comprende también el establecimiento del etiquetado frontal en alimentos procesados, que advierte al consumidor sobre contenidos con exceso de calorías, azúcares, sal y grasas saturadas.
Además del impulso de políticas a favor de productores de pequeña y mediana escala en el marco de una transición agroecológica sin glifosato ni plaguicidas altamente peligrosos, en el marco del decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020 para reducir y eventualmente eliminar el uso del glifosato.
Suárez Carrera mencionó factores que se han desarrollado en el mundo bajo el modelo agroalimentario predominante: gran emisión de gases de efecto invernadero (25 por ciento del total); sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos (al consumir 75 por ciento del agua dulce disponible en el planeta) e impulso de monocultivos con alta concentración espacial y paquetes tecnológicos –de la revolución verde— de baja resiliencia climática.
El modelo, consideró, ha disminuido también la diversidad biológica y el acervo de semillas y plantas útiles a la humanidad y generó daños a la salud de los trabajadores agrícolas al exponerlos a agroquímicos peligrosos, además de la afectación a la salud pública (con dos mil millones de personas sufriendo obesidad y sobrepeso) y la propagación de zoonosis y resistencia a antibióticos.
Agregó que el actual modelo agroalimentario tampoco se orienta al bienestar de la población, sino a las ganancias de grandes empresas, y ha propiciado el estancamiento de los rendimientos y la caída de rentabilidad de los productores.
