El 15% de la población ocupada del país es del sector agroalimentario, mismo que representa el 9.24% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 9.5 % de las exportaciones nacionales que generan más de 40 mil millones de dólares (mmdd) y una balanza comercial superavitaria mayor a 12 mmdd favorable a México. El campo mexicano es el principal proveedor de alimentos a los Estados Unidos con el 22% del total anual comprado en el mundo.
Los presupuestos actuales no rebasan los 49 mil millones de pesos (mmdp), casi la mitad con relación a 2018. Se eliminaron los recursos para la atención a desastres naturales y apoyos a la investigación agrícola. Nuestro campo enfrenta sequías prolongadas y una drástica reducción de la disponibilidad de agua para los diferentes usos; falta de asistencia técnica, servicios de capacitación y acompañamiento; así como también el hecho de que los recursos para financiamiento se han disminuido notablemente.
Todo lo anterior ejerce una fuerte presión sobre el precio de los alimentos, afectados también por el precio del gas; lo cual, junto con el efecto de la pandemia de COVID-19, está provocando un aumento de la pobreza que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), estaría pasando de 61 a 70 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza con relación al año 2018.
Por lo anterior, este Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas hace un llamado a los legisladores federales de la LXV que inicia el 01 de septiembre, se solicita su intervención para defender mayores asignaciones para el sector agroalimentario dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.
Es fundamental fortalecer la seguridad alimentaria de la población, apoyar realmente a pequeños productores y de autoconsumo, recuperar apoyos a la agricultura familiar, atención integral al desarrollo de cadenas productivas y abasto a mercado, revisión de los temas laborales T-MEC, creación de oportunidades reales para los jóvenes, atención a la estacionalidad agrícola de Estados Unidos y su impacto en México, políticas de conservación del suelo y el agua. En materia legislativa se considera prioritaria la revisión y aprobación de Ley General de Aguas Nacionales que asegure el abasto de agua, recarga natural y artificial de acuíferos, tratamiento y reúso de aguas residuales y tecnificación del riego agrícola.
