En el mundo, varios países productores de alimentos con los que competimos en un mercado global utilizan la biotecnología agrícola como una herramienta tecnológica poderosa que permite a los agricultores obtener mejores rendimientos y para aligerar el impacto en el medio ambiente. Sin embargo, en México, lamentablemente nuestros agricultores no pueden utilizar esta ventaja, en el caso particular de la soya genéticamente modificada, pues aunque no hay evidencia relevante de daño por su presencia y uso, pero si hay beneficios en el manejo de los cultivos, los costos de producción y la mejora de la productividad, pues no hay claridad sobre el permiso de siembra comercial.
Los OGM se diseñan y construyen responsablemente a fin de generar nuevas características en el organismo receptor, proveniente de otro organismo vivo. De esta manera ha sido posible desarrollar mejores, más precisos y poderosos sistemas biológicos que tienen propósitos específicos y han tenido ya logros muy importantes.
Los OGM aprobados se han consumido por más de 20 años por cientos de millones de seres humanos y miles de millones de animales, sin evidencia relevante de daño. Además, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), todo producto genéticamente modificado que tiene una autorización para comercialización, es tan inocuo como su homólogo convencional.
La idea de un México libre de OGM es dogmática e imposible en un mundo en globalizado y en competencia económica. Nuestro país requiere propuestas para desarrollar y fomentar el uso de la biotecnología de manera responsable e inteligente, incluyendo a los organismos genéticamente modificados que, por sus amplios beneficios, coadyuven a atender demandas, necesidades y problemas.
Por ello, como organización encargada de la cadena de valor de las oleaginosas en México, el Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas (CONASIPRO) reconoce la importancia de los pequeños productores para garantizar el abasto interno de la cadena de suministro, y exige a la autoridad que se mantenga el permiso de siembra comercial de soya hasta que termine la consulta indígena, pues representa para los productores una esperanza del uso de esta tecnología que les puede apoyar a elevar su productividad y su calidad de vida.
