En nuestra edición 41, publicada en junio de 2012 nos congratulamos por la noticia del permiso de liberación comercial de soya genéticamente mejorada para una superficie 253,000 hectáreas repartidas en las regiones productoras del país, pues representaba una importante ventaja para los soyeros porque se ampliaba el abanico de opciones en el uso de tecnologías para la producción.
Sin embargo, a mediados del mes de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto este permiso otorgado por la SAGARPA, pues los ministros consideraron una violación a sus derechos de ser consultados antes de emitir el mencionado permiso. Ese mismo día, en otra sala la corte falló a favor del uso recreativo de la marihuana, por lo que entonces surge una duda respecto a quién y a qué se tiene derecho en nuestro país, ¿es que acaso tenemos dos clases de ciudadanos mexicanos? ¿Es acaso que no somos todos iguales ante la ley? ¿Por qué a unos les reconocen sus derechos y a otros no?
La postura al respecto de este Comité Nacional es la de defender el derecho que tiene el productor de soya, para utilizar la tecnología que más le convenga, y la semilla genéticamente mejorada puede ser, aunque no la solución, si una de las opciones viables a las que se debe poder acceder, pues los principales productores de soya en el mundo como Estados Unidos, Brasil y Argentina la utilizan con importantes ventajas, como el impacto ambiental, por el menor uso de agroquímicos, y la reducción de costos del cultivo por un menor laboreo, entre otros.
En ese contexto, es de sumo interés para nuestro comité, que ante los litigios llevados a cabo en el máximo Tribunal de México, en relación a el uso de la soya genéticamente mejorada en la Península de Yucatán, los productores de esta semilla en la región, sean escuchados y no se les prive de contar con las herramientas y tecnologías que eleven su productividad, mejorar su calidad de vida y fortalecer al sector agroalimentario del país.
