En un evento inédito, en la segunda quincena del mes de noviembre de 2014 los secretarios de Hacienda y Agricultura “anunciaron” las características del presupuesto para el campo, ya aprobado por la Cámara de Diputados para 2015, el cual presenta avances y retrocesos. El denominado Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), que corresponde al gasto que realizan todas las dependencias federales en zonas rurales y que no sólo se vincula con la producción agroalimentaria (incluye gasto social, educativo, etcétera) aumentaría 4.2 por ciento con respecto a 2014, en tanto que el de SAGARPA lo haría en 7.5 por ciento en términos reales. Bienvenido que se le destinen más recursos al sector; sin embargo, el tema es cómo se aplican y qué efectividad tienen. De eso, se dijo poco.
También se anunció que se actualizará el Programa de Ingreso Objetivo, en el cual se establecen precios mínimos para 10 productos agrícolas (granos, oleaginosas y algodón) en los que, si el precio de mercado cae por debajo de ese nivel, el gobierno aporta la diferencia. Medida razonable, sobre todo si se considera que los precios no se han revisado desde 2011 y que en Estados Unidos se ajustaron desde principios de este año; pero el reto será doble. Primero, que los precios –que son las señales de mercado para decidir qué y cuándo producir– mantengan una estructura relativa acorde con las necesidades del país: menos maíz blanco (sobre todo en el ciclo otoño-invierno, en el noroeste y el Bajío); más maíz amarillo (se importan cerca de nueve millones de toneladas al año); menos trigo cristalino y más panificable (en el que hay déficit); más oleaginosas y arroz (importamos 85 por ciento del consumo de ambos bienes). Segundo, y a diferencia de los últimos años, que el PEC efectivamente opere –y se apliquen los niveles de ingreso objetivo establecidos– y no que los precios pagados a los productores se fijen en negociaciones políticas y coyunturales.
En ese contexto, un avance importante fue la apertura anticipada de ventanillas para gestionar los apoyos para adquirir coberturas de precios para el año próximo; ello dará certidumbre a los productores de granos y oleaginosas antes de la siembra acerca de qué niveles de precios se esperan para la comercialización en 2015. Otro mérito del presupuesto, y muy al estilo de la Ley Agrícola de Estados Unidos (Farm Bill), es la propuesta para instrumentar seguros de protección al ingreso. Ya se verá cómo y a qué costo operan, pero sin duda podría ser un avance hacia la modernización de los instrumentos de apoyo al sector agropecuario.
En cuanto a los retrocesos, que los hay, el más grave es el incremento de 44 por ciento en términos reales de los apoyos a la comercialización (12 mil millones de pesos, equivalentes a 13 por ciento del presupuesto total de SAGARPA y muy similar al presupuesto total de Proagro, antes Procampo). Si bien es comprensible que se busque atender el impacto de la caída de los precios internacionales de los granos en los ingresos de los productores, la experiencia de muchos años señala que ello no se resuelve a “billetazos”. Ese programa es altamente regresivo, ya que favorece a los grandes productores comerciales del norte y centro del país, y genera sesgos productivos sustanciales, que redundan en excedentes de producción –sobre todo de maíz blanco y trigo cristalino– cuya comercialización se vuelve compleja y muy costosa.
