Con la promulgación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable en 2001 se empezaron a organizar e integrar los denominados “sistemas producto” en el sector agropecuario, en cuyos comités se buscó que participaran todos los eslabones de las cadenas productivas: productores primarios, agroindustriales, comercializadores, proveedores de insumos, instituciones de investigación y autoridades.
En aquella época el objetivo de crearlos fue doble; por una parte, establecer un balance en la representatividad e interlocución con el sector, que era predominantemente vía organizaciones políticas (de todos los colores), a tenerla con organizaciones con un enfoque productivo o económico. Por otra, buscar una mayor integración de las cadenas productivas en el campo, mediante la concertación de programas de producción, elaboración de planes de expansión/repliegue acorde con las tendencias de los mercados, establecimiento de alianzas estratégicas, participación en las normas y los instrumentos de política comercial (aranceles y cupos) e inducción de esquemas de agricultura por contrato. En esencia, se perseguía atender una de las grandes deficiencias del campo: la organización para la producción.
A la fecha, existen 34 sistemas producto agrícola nacionales –que a su vez agrupan a los estatales-, 5 pecuarios y 3 pesqueros, con una gran heterogeneidad. Algunos muy activos, bien organizados y que han obtenido resultados tangibles en aspectos de coordinación productiva y comercial, negociaciones con autoridades y legisladores (presupuesto, inversiones y medidas de comercio exterior), y apoyos a sus participantes mediante la instalación de centros de servicios. Ese es el caso de oleaginosas, azúcar, café, algodón y sorgo. En contraste, otros sólo han operado en temas coyunturales; por ejemplo, los sistemas mango, plátano y chile para la negociación del acuerdo de libre comercio México-Perú. Y unos más, que se han caracterizado por su falta de organización e ineficacia como el sistema producto cacao.
Sus méritos han sido, en primer lugar, sentar en la misma mesa a todos los eslabones de las cadenas productivas respectivas pero, además, establecer objetivos comunes mediante la elaboración y actualización periódica de un “plan rector” o de negocios del sistema producto (hacia dónde ir, cómo llegar como sector productivo), así como su capacidad de interlocución con autoridades y contrapartes de otros países. Desde luego, no han estado exentos de problemas, en particular, la representatividad de los miembros en los comités y la renovación de sus dirigencias. Su mayor reto es transformarse hacia la empresarialidad; esto es, romper el cordón umbilical que todavía tienen con el gobierno en control y recursos, y convertirse en entes autónomos y de impulso a la producción y a la productividad, cuyo objetivo último debería ser la “clusterización” de sus actividades y la generación de valor agregado, involucrando a grandes empresas tractoras.
A 10 años de la creación de los sistemas producto agropecuarios, sus ventajas, desventajas, logros y deficiencias deberían ser ilustrativas para una verdadera integración de cadenas productivas en otros sectores de actividad económica. En los sectores industrial y el de servicios las organizaciones constituidas suelen representar a un solo eslabón, con algunas excepciones como las industrias automotriz y electrónica, con escasa efectividad para integrar al resto de la cadena de valor.
Ello contribuiría a darle contenido específico a la estrategia para democratizar la productividad, de manera que no quede sólo en buenas intenciones, al tiempo que establecería las bases para el armado de una nueva concepción de política industrial que debiera reflejarse en la propuesta de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de competitividad, que hoy se elabora en la Cámara de Diputados y que seguramente será materia de amplio debate.
