| Última actualización: Feb 11th, 2022 - 09:25:19 |
En México, como en la mayor parte del mundo occidental, el sistema financiero está dirigido solamente a una gran minoría: empresas y organismos de gran tamaño, ya que pareciera que para un gran número de productores agropecuarios y pequeños empresarios, el acceso a herramientas financieras es algo que sólo queda en discursos y en estadísticas socioeconómicas.
Para los productores agropecuarios uno de los principales problemas es el financiamiento. Por encima de los costos nominales y reales del capital, es decir, las tasas de interés y la disponibilidad de crédito, los costos más importantes son los costos de transacción tales como: disponibilidad de sucursales, tiempos del productor para realizar trámites, identificación, conservación y disposición de colaterales; estas limitantes han persistido a lo largo del tiempo.
La reducción del crédito en el campo mexicano puede ser explicada por el alto riesgo que presentan las operaciones crediticias en el medio rural y el alto costo de las transacciones. Otros factores que lo explican son la falta de un sistema de información confiable sobre los demandantes de crédito en el medio, las experiencias recientes de crisis financieras, la posible falta de rentabilidad de muchos de los proyectos en el sector y el hecho de que la mayoría de los tenedores de los activos en el campo (ejidatarios) tienen una edad promedio de 52 años y más de la mitad de ellos tienen más de 50 años. Esto provoca que actualmente dentro de la política crediticia del sistema financiero al sector agropecuario haya una mayor rigurosidad en la evaluación financiera para el otorgamiento de préstamos.
Mercado financiero para sujetos agropecuarios
Actualmente, el sector agropecuario tiene dos vías para obtener créditos:
· Formal, que contabiliza dos terceras partes del volumen total del crédito y canaliza préstamos en mayor cuantía ($46,500 pesos en promedio) y que es representada por la banca comercial, la banca de desarrollo e intermediarios no bancarios.
· Informal, que participa con el 90 por ciento de las operaciones individuales de crédito, enfocándose a créditos de menor monto ($4,500 pesos en promedio) y que es representada por usureros, familiares o amigos.
La mayoría de los productores agropecuarios, especialmente los de menores ingresos, tienen que recurrir a mercados informales de crédito y de aseguramiento. Estos arreglos informales tienen altos costos reales y de oportunidad: el acceso a los mercados financieros rurales es muy limitado, ya que según estimaciones, sólo 40 por ciento de las unidades de producción rural tienen acceso a crédito, ya sea formal o informal, en los pasados 5 años, y sólo el 14 por ciento tiene depósitos bancarios.
Mercado formal
Durante el periodo 1995-2009 el sector financiero formal ha otorgado en promedio el 80 por ciento del financiamiento que obtiene el sector agropecuario.
Banca comercial y de desarrollo
El acceso a los sistemas formales de crédito es restrictivo, pues sólo tres por ciento de la población rural recibe crédito de la banca comercial y menos de uno por ciento lo recibe directamente de la banca de desarrollo.
Durante 1995, la banca comercial financió al 72.3 por ciento de las actividades agropecuarias y pesqueras con crédito, mientras que la banca de desarrollo participó con el 27.6 por ciento. Para 2008, la banca comercial incrementó su participación aunque no el valor otorgado en crédito, pasó a 97.9 por ciento, mientras que la participación de la banca de desarrollo fue de apenas un 2.1 por ciento.
Durante el periodo 1995-2009, el crédito al sector ascendió a $373,452 millones de pesos; de esta cifra, la banca comercial otorgó $298,442 millones de pesos, mientras que la 75,010 millones de pesos fueron otorgados a través de la banca de desarrollo.
Es importante destacar que a partir del año 2000 la cartera vencida ha disminuido considerablemente pero se debe a que el crédito del sector financiero también ha disminuido; pero el crédito ha decrecido más que proporcionalmente respecto a la cartera vencida.
Durante el periodo 1995-2009 el promedio de la cartera vencida de la banca comercial del sector primario ascendió a $8,275 millones de pesos, cifra que abarca el 30.5 por ciento del crédito otorgado por la banca comercial a este sector. A partir de 2005 la cartera vencida del sector agropecuario ha mantenido una relación inferior al 10 por ciento con respecto al crédito otorgado. Durante el periodo 1995-2009 el promedio de la cartera vencida de la banca de desarrollo del sector primario ascendió a $6,819 millones de pesos, cifra que abarca el 43.4 por ciento del crédito otorgado por esta vía.
Intermediarios financieros no bancarios
Actualmente el sistema financiero pasa por un proceso de modernización para reactivar el crédito, por lo que se ha buscado desregular a las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), Arrendadoras Financieras y Empresas de Factoraje Financiero, ya que estas no representan ningún riesgo en el sistema de pagos del país porque no captan recursos del público (depósitos) ni están conectados al sistema de pagos. Desregulando a estas instituciones financieras se busca promover la competencia, extender la penetración del crédito y reducir los márgenes de intermediación y las tasas de interés.
SOFOLES:
Las Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES) iniciaron operaciones en 1995, su operación favorece a la sociedad y a la economía en su conjunto, ya que atienden a los usuarios de créditos hipotecarios, apoyan a la pequeña y mediana industria y otorgan créditos para la adquisición de bienes e consumo a un sector de la población que no atiende la banca comercial. Al día de hoy, existen 70 instituciones de este tipo. El éxito de operación radica en que se concentran en nichos de mercado olvidados por la banca comercial y su adaptación a las necesidades particulares de estos mercados, respecto a sus necesidades de financiamiento y su capacidad de pago.
SOFOMES:
Son entidades financieras que a través de la obtención de recursos mediante el fondeo en instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y/o factoraje financiero. Una SOFOME no puede captar recursos del público y no requiere de la autorización del gobierno federal para constituirse. Tienen la ventaja de que pueden ceder los derechos de créditos con garantía a otro intermediario sin notificación al deudor.
Hay dos tipos de SOFOMES, las reguladas y las no reguladas, las primeras son aquellas que mantengan vínculos patrimoniales con instituciones de crédito o sociedades comercializadoras de grupos financieros, además de que están sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las no reguladas no están sujetas a dicha supervisión.
Conclusiones
Actualmente el acceso a servicios financieros por parte del sector agropecuario es altamente inequitativo comparado con otros sectores, lo que provoca que cada día sea más difícil obtener fuentes de financiamiento que permitan aumentar la oferta de crédito agropecuario y que reduzcan la carga de los costos para los productores.
Los obstáculos de intermediación financiera a vencer son principalmente:
· La baja densidad de población sujeta de crédito, el tamaño reducido de los préstamos medios y el escaso ahorro de las unidades familiares que aumentan los costos de transacción.
· La población rural que no cuenta con las formas tradicionales de garantía exigidas por los bancos comerciales.
· Las comunicaciones deficientes y la falta de integración en otros mercados que dan lugar a una enorme fragmentación, creando barreras para la información y limitando la diversificación de los riesgos.
· La estacionalidad del ciclo económico agrícola y la elevada probabilidad de covarianza de los precios de producción y de bruscas oscilaciones de los ingresos que agravan los riesgos de la intermediación financiera rural.
En suma, es indiscutible que el sector primario requiere un sistema financiero que se integre al proceso de modernización del marco regulatorio de las instituciones financieras y que reduzca sus costos de operación con el objeto de disminuir las distorsiones en los mercados, transparentando los apoyos del sector y evitando que se produzcan cuantiosas presiones fiscales traducidas en apoyos directos a los productores y/o comercializadores en el futuro.
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